Groucho & Chico, Abogados (Flywheel, Shyster y Flywheel, Abogados)


Comparto con los visitantes los 26 episodios de esta comedia radial protagonizada por dos de los cuatro hermanos Marx. Serie que en un comienzo se llamó "Beagle, Shyster y Beagle, Abogados" pero que, carta documento mediante de un tal Dr. Beagle, modificó su nombre por el de Flywheel, para así evitar una demanda al estudio de grabación... ¡No tiene desperdicio!

Hay un buen número de razones posibles por las que Flywheel no se repuso en la temporada de otoño. Groucho lo recuerda en su libro The Secret Word is Groucho : «Cómo resultado de nuestro programa, las ventas de la compañía se habían disparado. Los beneficios se duplicaron en aquel breve espacio de tiempo, y Esso se sentía culpabilizada, por lo que nos despidió después de veintiséis semanas. Aquella era una época en la que las ganancias estaban teñidas de sentimientos de culpa, lo que hoy ya no existe.»


Descargar el libro aquí.

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Oficiales de justicia cobraban adicionales para realizar su trabajo

El TSJ echó a seis oficiales de justicia

El alto cuerpo los cesanteó porque cobraban “en negro” tarifas extras para ejecutar embargos, desalojos y otros procedimientos judiciales. El sumario administrativo se inició luego de manifestaciones periodísticas del presidente del Colegio de Martilleros.

 

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de ­Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba dejó cesantes a seis oficiales de justicia debido a que una investigación ad­minis­trativa determinó que cobraban una tarifa extra, “en negro”, a quienes necesitaban realizar procedimientos judiciales como desalojos, embargos y consta­taciones.

En su acuerdo número 3 de este año, el alto cuerpo despidió a Fernando Juan Garriga (legajo 305), José Manuel Porto (1.162), Mario Enrique Baldi (914), José Antonio Maunier Ferreira (895) y Héctor Marcos Chiaramello (403), de la ciudad de Córdoba, y a Néstor César Cebrero (3.688), de Villa Cura Brochero.

Con dictamen coincidente del fiscal General de la Provincia Alejandro Moyano tras la investigación del jefe de Sumarios Administrativos Tristán Quiles, los vocales Aída Tarditti, Sebastián Cruz López Peña, María Marta Cáceres de Bollati y María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel decidieron dejar fuera del Poder Judicial a los agentes que se desempeñaban en la oficina de Oficiales de Justicia dependiente de la subárea de Documentación e Información Pública.

Las actuaciones se iniciaron a fines de 2012 luego de la nota del diario Comercio y Justicia “Martilleros reclaman por situación vidriosa con oficiales de justicia” en la que el entonces titular de ese colegio profesional, Ángel Alexis Aguada, exponía la situación que perjudicaba a su gremio.

Allí se manifestaba que estos agentes cobraban “aranceles” a martilleros públicos y abogados para diligenciar desalojos, embargos o intervenciones de caja, a manera de “gastos”, “en negro”, y sin brindar recibo alguno. El cobro indebido se hacía en infracción al arancel que ­establece el TSJ para estas ­actividades.

El entonces titular de Martilleros sostenía que había tarifas extra para el secuestro de autos por hasta mil pesos, de camiones por $ 3.000, desalojos hasta $ 5.000 y por constataciones un aproximado de $ 150. Además, tal como lo señalaban otros profesionales, indicó que esos montos se duplicaban durante los recesos judiciales, feriados o fines de semana.

Además de describir otras conductas reñidas con lo establecido por la Justicia, Aguada aportó que había un oficial al que llamaban “Grundig” (caro, pero el mejor) y que “José Maunier hacía cinco meses que trabajaba en el Poder Judicial y también solicitaba sumas dinerarias extras”.

A la hora de prestar testi­monio, muchos fueron los ­profesionales que describieron con llamativa coincidencia ­respecto del obrar de estos agentes pú­blicos. Fernando César Zoni, declaró a la instrucción: “Hace 25 años que ejerce la profesión de martillero público y siempre los oficiales de justicia han solicitado dinero, pero hace siete años se han desbocado completamente y actúan sin ­límites (…), que pueden pedir cualquier suma de dinero para diligenciar los procedimientos y que a veces dichos montos son superiores por la época del año”.

Este profesional añadió: “En los desalojos que son próximos a una feria judicial te pueden pedir entre dos mil y tres mil pesos, por un secuestro de auto la suma solicitada oscila entre los 350 y los 700 pesos y por autos importantes han llegado a pedir hasta mil pesos”.

“Sin precedentes”

Al momento de esa denuncia que se inició a través de la prensa, el penalista Miguel Ortiz Pellegrini asesoraba al Colegio de Martilleros y colaboró con los aportes que hizo la entidad profesional.

Ayer comentó a este diario que la decisión del TSJ “no tiene precedentes”.

Explicó que se había pro­ducido un “cuello de botella porque había una enorme cantidad de mandamientos judi­ciales concentrados en pocos oficiales” y “ante esta situación decidieron poner tarifas altas y se manejaban con criterios de mercado”.

El abogado describió que “hubo una situación irregular al margen de los aranceles que fija el TSJ y esos pagos se hacían en negro, lo que provocaba una pérdida para el acreedor, el abogado o el martillero”.

Cuando ese dinero “se tra­ducía en una suma importante –explicó el letrado– eso se traducía en un conflicto con el cliente para determinar quién pagaba esa cifra”.

Tras destacar la “minuciosa tarea de la Secretaría de Sumarios”, Ortiz Pellegrini puso de relieve la decisión del TSJ, ya que “es una importante contribución a una administración de justicia como Córdoba se merece, sin interferencia con este tipo de prácticas”.

Respecto de eventuales actuaciones de la Justicia del Crimen ante el accionar de estos oficiales ahora cesanteados, el abogado señaló: “Si bien se requieren otros criterios (a los de la vía administrativa), a mi criterio esto puede dar origen a una investigación penal”.

El sumario

Publicación. El diario Comercio y Justicia publica en octubre de 2012 declaraciones del presidente de Martilleros sobre el accionar de estos agentes públicos, lo que da lugar a una investigación administrativa. 

Actuaciones. El titular de Sumarios, Tristán Quiles, inicia la investigación, concluida a mediados del año pasado. 

Dictamen. El fiscal General, ­Alejandro Moyano, da dictamen positivo a la acusación.

Acuerdo. Cuatro miembros del TSJ coinciden en un acuerdo y cierran el sumario con la cesantía de cinco agentes.

Echados. No se desempeñan más en su cargo Fernando Juan Garriga, José Manuel Porto, Mario Enrique Baldi, José Antonio Maunier Ferreira y Héctor Marcos Chiaramello (de Córdoba), y Néstor César Cebrero (de Cura Brochero y Mina Clavero).

 

Fuente: La Voz del Interior

 


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