Un proyecto de ley –por ahora en suspenso– propone aumentar de forma desorbitante el valor de las cuotas de las viviendas sociales
El gobierno de José Manuel de la
Sota actúa hoy como un león hambriento en la búsqueda implacable de fondos (alimentos)
para un Estado endeudado.
En agosto envió un proyecto de ley
a la Legislatura (Nº 9688E12) para aumentar en forma esproporcionada el valor de las cuotas de las
viviendas sociales. Los aumentos llegan hasta el 400% de los valores actuales.
El proyecto generó el repudio de
los vecinos directamente afectados y por esta razón su tratamiento quedó
en suspenso. Tampoco recogió el
apoyo político opositor, siendo que fue el radicalismo el que presentó la idea de
reflotar el Fondo para la Vivienda de Córdoba (Fovicor) como herramienta para atacar
el preocupante déficit habitacional. Pero al advertir que la finalidad del
proyecto es totalmente recaudatoria, la UCR lo desaprobó.
En este sentido, el titular del
bloque de la UCR, Luis Brouwer de Koning, luego de reunirse con el Ministro de Obras
Públicas provincial Hugo Testa manifestó que el proyecto está frenado.
Si bien esta noticia brinda algo de
tranquilidad a los afectados, éstos seguirán en alerta. Dos adjudicatarias del barrio
“Vicor Anexo”, Hebe Maza y Anabel Guzmán, dijeron a La Décima que el proyecto
rompe acuerdos preexistentes firmados durante el gobierno de Schiaretti donde
se acordó un pago de 250 pesos mensuales, durante 40 años. Ahora De la Sota
propone subir las cuotas a 950 pesos.
“Castigan por igual a los que
pagamos de los que no pagan”, dijo Maza. El proyecto habla de “barrios sociales”,
pero no está claro si dentro de esa difusa denominación entran también los barrios-ciudades.
De ser así, estos beneficiarios deberían pagar 500 pesos al mes.
Como sea, se trata de población que
bajo ninguna circunstancia podría abonar eso.
“No puede constituírsenos en
destinatarios ni hacérsenos cargo de la necesidad recaudatoria del Estado provincial
bajo el argumento lineal de la inflación instalada”, criticaron las vecinas en una
nota enviada el jefe del bloque de Unión por Córdoba, Sergio Busso.
El abogado Pedro Sánchez Latorre
(del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Católica
de Córdoba) es quien asesora jurídicamente a los vecinos de Vicor Anexo.
Latorre dijo que el proyecto “es contradictorio” porque en el artículo 3 dice
que se va a ponderar la capacidad de pago de cada beneficiario, pero esto queda
desmentido en el artículo 7 cuando establece una tabla con “índices genéricos y
desorbitantes” para todos.
“Aparte viola garantías constitucionales
como la inejecutabilidad de la vivienda única”, aclaró, y agregó: “Es un
proyecto destinado al fracaso porque: cómo van a ser para desalojar a 50 mil
familias”, aludiendo a que la mayoría no podrá pagar lo que se pide.
Las vecinas dijeron que en la
Secretaría de Vivienda no les dan la posibilidad de pagar toda la deuda y
calcularon que “a 40 años nuestras casas terminarán costando 175 millones de
pesos”. Se trata de viviendas de 44
m2 cuya calidad constructiva fue cuestionada en un
informe del 2008 de la
Auditoría General de la Nación.
Encima los adjudicatarios tienen
una tenencia precaria de la vivienda porque el titular registral sigue siendo el
Estado.
Desde la Universidad solicitan que
se pongan en funcionamiento los mecanismos de la democracia como el acceso a la
información pública para que los beneficiarios conozcan mínimamente el destino
de los fondos recaudados por planes de vivienda. Y exigieron la realización de
audiencias públicas para que la gente participe de la discusión del proyecto.
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